El Registro de la Jornada de Trabajo entra en vigor el 12 de Mayo de 2019 (RD Ley 8/2019)

La norma aprobada tiene como objetivo proteger la salud de los trabajadores y garantizar la realización de la jornada legalmente establecida, poniendo fin a las horas extras no remuneradas y evitando abusos que se siguen produciendo en determinados sectores.


¿Qué obligaciones establece la nueva norma?

  • Garantizar que pequeñas, medianas y grandes empresas registren el horario de la jornada de los trabajadores. Dicho registro deberá incluir el inicio, finalización y descansos de la jornada de trabajo, así como el cómputo total de horas trabajadas por empleado, sin perjuicio de la flexibilidad horaria.
  • Organizar y documentar el registro de jornada bien sea mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa.
  • Conservar los registros durante 4 años, teniéndolos a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

¿Qué sanciones se establecen? 

Las empresas que antes del 12 de mayo no hayan puesto en marcha el registro de la jornada de trabajo, podrán ser investigadas y sancionadas por parte de la Inspección de Trabajo.

Ante la visita de la Inspección de Trabajo a la empresa, la empresa deberá tener preparada y actualizada la siguiente documentación:

  • Informes donde constan las entradas y salidas, si han realizado o no horas extras, etc. Será preciso la revisión de los informes y corrección de estos ante posibles errores, como fichar una salida por una entrada y viceversa u olvidarse de fichar al salir.
  • Las horas extras deberán constar en la nómina del mes respectivo.
  • Datos específicos y técnicos de la aplicación de fichaje, vídeos de las cámaras que puede tener el puesto de trabajo, información y discos duros de ordenadores, etc. Todo ello respetando la legalidad sobre el derecho de intimidad y la privacidad de los trabajadores.

La transgresión de las normas en materia de registro de jornada, consideradas como infracción grave suponen sanciones administrativas de entre 626 y 6.250 euros.

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